Guillermo Lasso irá a juicio político

La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), quien es una de las interpelantes de Lasso.

Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este 9 de mayo una resolución que dispone seguir con el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto ocurre luego que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba archivarlo por falta de pruebas no se aprobó.

Al momento de la votación en el pleno estuvieron 116 legisladores. Según lo que adelantó días atrás Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, la resolución debía aprobarse con la mitad más uno de los presentes.

La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), quien es una de las interpelantes de Lasso.

El primer punto de la resolución aprobada habla de enjuiciar políticamente a Lasso “por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional”.

“Se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”, señala el texto aprobado.

“Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades”, agregó.

El legislador de UNES Comps Córdova pidió la reconsideración de la votación, lo que fue negado.

El debate del tema se inició pasadas las 11:00 con 117 legisladores, pero Fernando Villavicencio se retiró del salón alegando que no avalaría la sesión a la que consideró ilegal. Intervinieron 22. Saquicela cerró las exposiciones pasadas las 14:00 y pidió a la secretaría que tome la votación.

En su intervención, Veloz planteó que se disponga a la Comisión de Fiscalización remita al pleno todo el expediente, actas y pruebas anunciadas, pero no el informe sobre el juicio político al presidente que no fue aprobado.

Una vez que se dio paso al juicio, se seguirá el trámite previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Dicho artículo señala lo siguiente: “La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución, de ser el caso”.

Según el artículo 94, en el plazo de cinco días de concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate con base en las pruebas de descargo presentadas por Lasso. (I)

Sesión 868 del Pleno de la Asamblea Nacional (Juicio Político a Guillermo Lasso) – Video

El pleno de la Asamblea Nacional decide este martes, 9 de mayo, si el mandatario Guillermo Lasso va o no a juicio político. Las resoluciones se aprobará con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asambleístas presentes.

Azuay con exigencias viales para el Gobierno

La asamblea ciudadana entregó una carta con pedidos al Primer Mandatario tras la marcha del 27 de abril. No quieren diálogos con el Ministerio de Transporte.

Azuay tiene ocho exigencias para el presidente de la República, Guillermo Lasso. Así se busca una solución definitiva para la problemática vial que afronta la provincia.

La asamblea ciudadana ‘Gran cruzada por la vialidad del Azuay’ hizo público ayer la carta que envió al Primer Mandatario como resultado de la marcha del pasado 27 de abril. La protesta congregó ese día a más de 100 sectores organizados que caminaron por las calles de Cuenca.

En el documento se detalla el estado de cada una de las carreteras. Asimismo, se solicita una reunión con el presidente Lasso para tomar decisiones porque no dan crédito a los ofrecimientos de Darío Herrera, ministro de Transporte.

La primera exigencia es la reparación integral de las carreteras Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cuenca-Girón-Pasaje, Biblián-Zhud (Cañar) con los ramales a Cochancay (Costa) y Angas (Sierra), así como las de El Descanso-Puente Europa-Paute-Gualaceo, Gualaceo-Plan de Milagro-Limón, Sígsig-Chigüinda-Gualaquiza y Cuenca-Loja. Mientras la segunda trata de los estudios para la rehabilitación de los puentes peatonales a la altura de la parroquia Nulti en la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián.

La tercera aborda la actualización del plan de contingencia y aplicación de seguridades necesarias en la variante del kilómetro (km) 49, de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. La causa principal es la muerte de tres personas el pasado fin de semana al transitar por esta arteria.

Sobre esto, Dora Ordóñez, subsecretaria zonal 6 del Ministerio de Transporte, respondió el pasado martes a medios locales que la calzada del acceso cumple con las condiciones, pero se realiza un análisis de la zona por las lluvias.

Aseguró que el contrato de la obra de estabilización del km 49 concluirá en agosto e inmediatamente se habilitará el eje estatal para la circulación vehicular. De esta manera, se dejará de utilizar la variante.

Por otro lado, la asamblea ciudadana pide como cuarto punto que se resuelva el problema contractual de fiscalización, que generó que las obras de mantenimiento por resultados en la vía Biblián-Zhud (provincia del Cañar),  estén suspendidas desde octubre del año pasado.

Se considera este acceso por Zhud porque es la única alternativa para los azuayos para viajar a la Costa cuando se provocan cierres en la Cuenca-Girón-Pasaje y Cuenca-Molleturo-El Empalme.

La quinta exigencia es para la contratación de nuevos intercambiadores en la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián. La sexta, el reasumir el proceso de contratación del Acceso Sur (Cuenca) y terminar los estudios de factibilidad del acceso a cuatro carriles a los cantones orientales del Azuay.

Mientras, el séptimo pedido apunta a que se firmen convenios con la Universidad de Cuenca para generar estudios de obras de emergencia.

Delegación

La delegación administrativa de las vías estatales a gobiernos seccionales es la fórmula que la asamblea ciudadana establece como la octava exigencia. Se argumenta que con esto se podrán mantener las carreteras en buen estado.

María Cristina García, quien preside la Cámara de la Construcción de Cuenca y esta asamblea, dijo que dicha exigencia se podrá efectivizar cuando el Gobierno deje las carreteras expeditas para implementar modelos de gestión que pueden ser directo, público-privado, y concesión.

Juan Cristóbal Lloret, prefecto electo del Azuay, está interesado en asumir la delegación vial. Lloret ya ha tenido reuniones con el Ministerio de Transporte para proponer que los gobiernos provinciales de Azuay y Guayas asuman la responsabilidad de la Cuenca-Molleturo-El Empalme.

Igualmente, quiere la competencia del acceso a los cantones orientales del Azuay. Aunque fue claro en decir que estas vías tendrán que ser intervenidas, previamente, por el Gobierno para asumir la competencia.

Diario El Mercurio intentó dialogar con Matías Abad para conocer sobre la posibilidad de que el presidente Lasso se reúna con la asamblea ciudadana. El trámite ya no fue posible porque Abad renunció ayer al cargo. (I)